La intimación fue hecha a Roberto Hernández
Basilio por el sentenciado, a través de su abogado Ricardo Reyna
Grisanty, alegando que su cliente guardaba prisión en el recinto
carcelario hasta el primero de octubre pasado.
La defensa de
Marlon Martínez alegó que su cliente fue trasladado de manera abusiva
ese mismo día al centro de corrección y rehabilitación la isleta de
Moca, «violentando los preceptos legales vigentes y el estado de derecho
que a su juicio debe imperar en el país».
Sostiene que su
trasladado viola además la disposición de la sentencia que lo condenada a
30 años de prisión y la resolución de la medida de coerción que lo
envió a prisión por el crimen de la adolescente Emely Peguero.
El
abogado considera que a Marlon Martínez debe garantizársele la vida tal
y como lo establecen las leyes, la Constitución y los acuerdos
internacionales.
Aduce, sin embargo, que «al ser trasladado de
manera arbitraria y sin hacer los procedimientos de rigor establecidos y
por las leyes y la Constitución poniendo en riesgo la vida de Marlon
Martínez coloca el director de prisiones al margen de la ley y del
estado de derecho».
Igualmente, el abogado dijo que comunicó de
la situación a la embajada de los Estados Unidos, de la ilegalidad
cometida porque supuestamente pone en riesgo la vida del ciudadano
estadounidense Marlon Martínez.
Con relación al caso también fue
condenada Marlín Martínez, la madre de Marlon Martínez, quien tras
cumplir 2 años de prisión fue favorecida con un recurso de habeas corpus
por un tribunal de San Francisco de Macorís.
Se recuerda que
Marlín Martínez había sido condenada a cinco años de prisión, pero la
Corte de Apelación de esa jurisdicción la redujo a 2 años de prisión.
Esta sentencia fue recurrida en casación por ante la Suprema Corte de
Justicia, la cual está pendiente de fallo desde el 5 de febrero pasado.
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